Tiene por objetivo que tanto el médico como el centro de salud sean condenados a pagar una indemnización por los perjuicios causados, entendiendo que comprende el daño emergente (daño económico inmediato), lucro cesante (ingresos que se dejarán de obtener) y daño moral (menoscabo psíquico o físico, sufrimiento).

En todo juicio civil por responsabilidad médica es necesario iniciar una mediación por daños en salud, cuyo principal objetivo es arribar a una solución del conflicto por una vía no judicial. Esta mediación se puede iniciar ante el Consejo de Defensa del Estado o ante la Superintendencia de Salud, dependiendo si los reclamados (médicos, matronas, hospitales, clínicas, servicios de salud, etc.) pertenecen al sistema público o privado de salud, respectivamente.

La mediación es un procedimiento reservado, acotado en el tiempo, desformalizado, y guiado por un/a mediador/a, quien tiene como misión, facilitar la conversación y diálogo en vías de llegar a una solución del conflicto.

La mediación suspende, mientras dure, el plazo de prescripción de las acciones civiles (que puede ser de 4 o 5 años según sea el caso) y penales (5 años).

Habitualmente los juicios civiles son tramitados bajo el procedimiento ordinario de mayor cuantía, el que consta de tres etapas esenciales, (i) la discusión; (ii) la prueba; y, (iii) la decisión del tribunal.

Los juicios civiles se inician por la presentación de la demanda o, en su caso, por una medida prejudicial de exhibición de la ficha clínica y otros documentos que sean necesarios para preparar el juicio.

         Esta vía tiene por finalidad que el profesional de la salud que resulte responsable sea sancionado conforme al Código Penal por los daños ocasionados en las personas por su negligencia.

Investigación penal

Se inicia por denuncia ante la Fiscalía o por querella ante el Juzgado de Garantía correspondiente, la que de ser aceptada a tramitación es derivada al Ministerio Público que investigará los hechos.

El juicio ordinario por crimen o simple delito consta de tres etapas: (i) investigación (desformalizada y formalizada); (ii) etapa intermedia; y, (iii) etapa de juicio oral; procedimiento cuyas dos primeras fases se tramitan ante los Juzgados de Garantía y su etapa final ante los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.

Sin perjuicio de lo anterior, en el curso del procedimiento ante los Juzgados de Garantía, se puede arribar a un término anticipado del conflicto, ya sea por la aplicación de un procedimiento abreviado o simplificado (dependiendo el tipo de pena solicitado), o bien, por una salida alternativa del procedimiento (suspensión condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio, según sea el caso).